El Consell de Ciutat reivindica la necesidad de dotar de más recursos, económicos y materiales, las administraciones públicas con el fin de garantizar el despliegue efectivo de la ley 19/2020 de Igualdad de Trato y No Discriminación. Así quedó reflejado en el manifiesto de recomendaciones aprobado por el plenario del Consell de Ciutat, un documento que recoge las conclusiones surgidas tanto desde las sesiones del grupo de trabajo de igualdad de trato y no discriminación, y de la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’, organizada por el Consell de Ciutat el pasado mes de octubre.

Como a punto previo, el Consell de Ciutat valora muy positivamente la aprobación de la ley 19/2020, destacando, entre otros aspectos, la concreción y catalogación en la definición legal de la discriminación, la suya aplicación transversal en todos los ámbitos, las nuevas herramientas que plantea para el apoyo y las reparaciones a las víctimas, la creación del Observatorio de la Discriminación o la introducción del antigitanisme como fuente de discriminación. “Es una ley muy necesaria en el contexto de una sociedad cada vez más diversa y globalizada”, consideran.

A partir de aquí, el documento incluye las diversas reivindicaciones de que hace el órgano participativo con el fin de conseguir una implementación exitosa de la ley, como la necesidad de recursos. Desde el Consell de Ciutat se constata que la Oficina por la No Discriminación del Ayuntamiento de Barcelona (OND), un ente que cuenta con veinticinco años de trayectoria, “ya carece de los recursos necesarios para llevar a cabo las tareas que tiene encomendadas de una forma efectiva”, una situación que se presume que se agrave con el despliegue completo de la ley. “se tendrían que dedicar los recursos necesarios para, más allá de agilizar los procedimientos administrativos, seguir ofreciendo un acompañamiento completo, multidimensional y personalizado a las víctimas de discriminación”, aseguran.

En la misma línea, desde el Consell de Ciutat también recomiendan potenciar el rol de las entidades que defienden los derechos de las personas víctimas de discriminación “dándolos todos los recursos específicos a fin de que puedan consolidar las funciones que ya ejercen y al mismo tiempo formar otras personas y entidades en este mismo sentido”. El documento destaca que, dado el conocimiento que tienen, las entidades se tendrían que convertir en agentes imprescindibles en el despliegue de la ley.

Garantizar la coordinación entre instituciones y administraciones Uno de los aspectos plasmados y más repetidos durante la jornada ‘Retos de la no discriminación en Barcelona: reflexiones de presente y futuro’ fue la importancia de que las instituciones y administraciones que trabajan para la No Discriminación se coordinen de una manera eficiente. Especialmente importante es el acuerdo entre la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat de Catalunya (OITND) y l’OND. Una buena coordinación y colaboración evita la duplicación y dispersión de las tareas y acciones llevadas a cabo, pero sobre todo para evitar la revictimización y la repetición de la explicación del relato de las situaciones de discriminación recibidas. Durante la jornada, las representantes de los dos nos anunciaron que se está creando un protocolo en este sentido.

Tiempo de respuesta, transparencia y derecho al anonimato Reducir el tiempo de respuesta de l’OND a las personas que han recibido discriminaciones es uno de los retos que pone sobre la mesa el manifiesto, ya que el tiempo medio, hasta que se hace la primera entrevista, es de unas dos o tres semanas. “Creemos que es un plazo excesivo vista la casuística de las situaciones que suele recibir l’OND”, manifiestan. Por otra parte, destacan la necesidad de dar una mayor transparencia en el procedimiento de denuncias y dotar de más información a las personas que han recibido discriminación. Así, el Consell de Ciutat considera imprescindible que exista trazabilidad del estado de las denuncias. Finalmente, desde el Consell de Ciutat se pone el foco en el derecho al anonimato a las víctimas en todo el proceso administrativo de denuncia. Este hecho permitiría evitar posibles presiones externas a las víctimas.

Finalmente, aparte de hacer valer el trabajo que se ha llevado a cabo desde el grupo de trabajo en cuestiones que han tratado ejes como el género, la pobreza, el origen, la salud, la edad o el idioma, el manifiesto concluye advirtiendo de la existencia de problemáticas que van más allá de la ley, como las situaciones en qué se constatan prácticas discriminatorias recurrentes que son sutiles incluso para las víctimas, producidas en ámbitos como la vivienda o el trabajo. Así, desde el Consell de Ciutat consideran que el despliegue efectivo de la ley, “a pesar de ser un paso necesario, no es suficiente y en ningún caso puede ser considerado una meta”. Esta implementación de la ley, añaden, “es un punto desde donde seguir trabajando para mejorar, multiplicar y hacer más eficientes las acciones llevadas a cabo para erradicar las situaciones en las cuales se producen discriminaciones directas”.